Los Encargados reunidos en asamblea reconocemos a la figura de Encargado de Registro como creación de una ley del Congreso de 1914, en el seno de un gobierno conservador reformista que había puesto a la economía argentina en el primer lugar de Latinoamérica.
Con las ideas de progreso y libertad en ciernes, el Encargado de Registro era un novedoso funcionario público, que no integraba la planta permanente del Estado. Por el contrario, era un privado que se hacía cargo de una gestión, cobrando a los usuarios un arancel, reteniendo para sí únicamente los gastos y honorarios por sus servicios.
En 1958, en el seno de otro gobierno aperturista y desarrollista y en el marco del fomento de la industria automotriz, se traslada al sector automotor la figura del Encargado de Registro, en una etapa nacional de crecimiento económico y libertad pocas veces recreado luego.
Los firmantes hacemos saber que hoy en día se está destruyendo ese sistema centenario de gestión privada de la Argentina, que fuera pionero en la descentralización y profundamente federal, simplificando los trámites con iguales requisitos en cualquier rincón del país, sin generar gastos al erario público sino por el contrario, contribuir a él.
Mientras el resto de la Administración Pública crecía en personal y en gasto, el Registro implementó políticas de gestión de calidad, incorporando una ventanilla única que libra a los usuarios de calesitas burocráticas. Fue el primer organismo en informatizar sus más de mil sedes y contar con una base segura con millones de datos sobre todos los automotores fabricados o importados al país y sus titulares, propendiendo a la despapelización.
No se debe confundir la idea y el instituto de los registros públicos de gestión privada, con los manejos discrecionales que tuvieron eventualmente lugar en la historia, del que fueron víctima tanto este sector, como los demás ámbitos de las administraciones nacionales, provinciales y municipales.
Con sorpresa, la mayoría de los Encargados creímos que en esta etapa en la que se pide gestión con eficacia y eficiencia, cuidar los recursos del Estado, y derivar en el sector privado las tareas que puedan delegarse, el Régimen Jurídico del Automotor iba a ser un ejemplo: una función pública donde el Estado no paga sueldos ni jubilaciones de privilegio, no sostiene inmuebles o alquileres, no se hace cargo de reclamos o juicios laborales ni de mala praxis, y que fundamentalmente cumple con el deber de dar seguridad jurídica a los propietarios, a las transacciones y a las relaciones entre los vehículos y la comunidad.
Lamentablemente, un sesgo puso en la mira a los Registros como funcionales a la “politiquería”, ignorando los esfuerzos por desmarcarse de ese sino (los concursos públicos instaurados en 2003, son prueba de ello) y la eficiencia demostrada no sólo como unidades registrales, sino como agentes de percepción de tributos de distintos niveles estaduales, de control fiscal, de acceso a firma digital y otros servicios donde el Estado no tiene presencia (registro de antecedentes penales), sin olvidar que el sistema es una fuente principal de financiamiento del Ministerio de Justicia y de los organismos de Rentas e Infracciones locales, significando esto la razón del 90% del costo que abonan los usuarios en los trámites registrales.
Si bien el DNU 70/23 es el epitafio formal del sistema, sus pretensiones están aún lejos de ser factibles y representa además un retroceso enorme al plantear un único registro administrado por el Estado en una oficina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así supo ser cuando transferir un automotor demoraba cuatro meses.
Además, el costo de ese registro caería sobre todos los contribuyentes, aun cuando no requirieren sus servicios. Desde octubre de 2023 sucede exactamente lo contrario: la parte de lo recaudado por el Seccional que se destina a sus gastos de operación (alquiler, personal, servicios, etc.) y a la retribución del Encargado, han sido congelados, mientras que la inflación superó el 100%: esto provocó que el Ministerio de Justicia recaudara más dinero sin una causa legítima (por ser el costo del arancel una tasa de servicio) y que los Encargados tengamos que afrontar con nuestro patrimonio personal, sin causa justificante, los gastos de un servicio público hasta el extremo de que ese desfinanciamiento provoque la renuncia o la quiebra del Encargado.
En definitiva, la tasa que paga retributiva del servicio que paga un usuario, no se destina al servicio que se le brinda, sino que es absorbida por el Estado Nacional y destinada a otros fines ajenos a la tarea registral.
La Asociación Argentina de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor, se ha puesto desde la primera hora a disposición de las nuevas autoridades, para avanzar hacia un servicio moderno, híbrido (que combine lo digital y lo presencial a elección del ciudadano) y más económico. Sin embargo, lo cierto es que hasta el momento no se ha visto un avance sustancial; los aranceles han subido producto de las revaluaciones, y el desfinanciamiento ya provocó renuncias y despidos masivos de trabajadores privados, al mismo tiempo que se puso a cargo de las oficinas a personas que no tienen la capacitación requerida para un Encargado, ni son responsables económicamente, ni elegidos por concurso. Al día de hoy, esto significa una notable pérdida de calidad del servicio.
Ante este desolador panorama, que no presenta ninguna vía de diálogo fructífero, los Encargados hemos reclamado primero en privado, luego formalmente por documentos, y ahora lamentablemente nos vemos la obligación de proteger el sistema, al usuario, a los 12.000 empleos en juego y a nuestro propio patrimonio y derechos personales, ante la evidencia del quebranto inminente, haciendo valer los principios legales que rigen la relación Gobierno-Encargado, por la vía judicial.
El sistema registral automotor más allá de sus falencias es, repetimos, de gestión privada y por tanto debería haber sido un modelo para el resto de la administración, sobre todo en un gobierno liberal como el presente: sin embargo, desconociendo las consecuencias negativas en la seguridad jurídica de los usuarios, en el encarecimiento de las transacciones comerciales, y en asumir el Estado (todos los ciudadanos) un costo que ahora solo afrontan los usuarios, nos encontramos al borde de su colapso, sin que siquiera se haya previsto una alternativa integral.
Los Encargados reunidos en Asamblea, a través de AAERPA instamos a los funcionarios a cargo del Ministerio de Justicia y la DNRPA, a que eviten el quiebre inminente del sistema registral del automotor, el que se producirá indefectiblemente por su acción u omisión, y que restituyan en forma urgente la ecuación económica a su nivel promedio histórico.
Asimismo, a fin de dar realidad seria, inmediata y verdadera a la digitalización, simplificación de trámites y abaratamiento de costos -objetivos en los que todos coincidimos- requerimos como se ha hecho en otros ámbitos de esta cartera, la conformación de una Comisión de Reforma Integral del Registro Nacional del Automotor, en la que necesariamente debemos estar presentes a través de la AAERPA los Seccionales, quienes en primera y última instancia somos los que interpretamos y proponemos las normas, conocemos y damos soluciones diarias a la problemática de los usuarios y en definitiva sostuvimos y sostenemos el servicio en cualquier tiempo, sea de bonanza o de profunda crisis, como la que hoy nos toca atravesar.
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